La contaminación por armas es un fenómeno producido a causa de las municiones o artefactos sin estallar y abandonados en lugares de conflicto. Son muchas las regiones en el mundo afectadas, donde este tipo de artefactos siguen matando y mutilando a las personas, impidiendo el acceso a los recursos y bienes de primera necesidad y obstaculizando la reconciliación. En una nueva sesión del Seminario Intercultural del Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I, José Bolívar, jurista colombiano, amigo y compañero, estuvo con nosotros para darnos a conocer un poco más la problemática.
La contaminación por armas la podemos encontrar también en los lugares en los que se ha utilizado munición perforante con uranio empobrecido (Irak), artillería pesada que se ha quedado sin explotar de las Guerras Mundiales o de la Guerra contra el fascismo en España o a los grandes arsenales de armas de la antigua URSS que se quedaron sin utilizar tras su desintegración y que poco a poco fueron saliendo al mercado internacional como se ve en la película El Señor de la Guerra, de Nicolas Cage.
El fenómeno de las minas antipersonales es algo que trae de cabeza a los activistas humanitarios desde hace mucho tiempo, ya que deja una gran cantidad de víctimas ya no sólo durante los conflictos, sino que también causa muchas víctimas inocentes una vez terminados. En 1999 entró en vigor el Tratado de Ottawa, una convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción. No obstante, no todos los países lo han firmado y ratificado, a pesar de las campañas y monitoreos. Además, la problemática no sólo es causada por las minas fabricadas a nivel industrial, sino que también la escasez de recursos de ciertos grupos armados ha provocado que algunos de ellos inventen artefactos caseros que pueden llegar a ser incluso más mortales.
Las municiones sin explotar y las (granadas, misiles, obuses, munición de mortero), el armamento ligero abandonado o las bombas de racimo, que España fabricaba hasta 2008 y de cuyas empresas era consejero el actual ministro de Defensa, también producen gran cantidad de víctimas. Según el informe Landmine Monitor 2012 (18), existen 6 áreas principales en todo el mundo y 59 estados tienen áreas minadas confirmadas en su territorio. Muchos de estos países sufren las consecuencias de conflictos pasados, lo cual puede llegar a afectar a las personas que más tarde llevan un estilo de vida completamente alejado de un conflicto armado. La basura explosiva puede afectarnos a cualquiera.
Según los datos presentados por José Bolívar, se registraron 4.286 nuevas víctimas en 2011. La cifra es similar al 2009 y 2010, aproximadamente 12 víctimas por día, pero cree que el número real de víctimas fue sin duda superior al que se registró. Desde que el informe se realiza, 2011 ha sido el año con menos apoyo internacional en asistencia a víctimas. Esta es una cruel realidad hasta la que también ha llegado la crisis económica, ya que se dedican menos fondos a los proyectos de ayuda (UNICEF, CICR, Planes estatales…) y la bajada de inversión en asuntos humanitarios, desde los países enriquecidos, también les está afectando.
La producción de minas por empresas estatales se da en India, Myanmar, Pakistán y Corea del Sur; otros siete se reservan el derecho a producirlas: China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Singapur, EE.UU y Vietnam; y el uso por grupos no estatales se confirmó en Afganistán, Colombia, Myanmar, Pakistán, Tailandia y Yemen. Una estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que alrededor del 71% de las víctimas son civiles, y de estos un 32% son niños. El coste de producción de las minas es muy bajo, entre 3 y 30 dólares. El desminado de cada unidad cuesta entre 300 y 1.000 dólares, y conlleva un alto riesgo para la vida del profesional que asume la tarea de desactivarlas. Hoy en día se calcula que hay unos 110 millones de minas antipersonal por todo el mundo, y que cada año se suman unos 2 millones más. Los tres países más afectados por las minas actualmente son Afganistán (812 muertes en 2012), Paquistán (569) y Colombia (538).
Además, las consecuencias para las personas son tremendas: muertes, mutilaciones, perdida de capacidades sensoriales, infecciones… todo esto agravado por la falta de servicios sanitarios suficientes. Además, muchas de las zonas minadas se encuentran lejos de los centros de atención sanitaria. Una de las malas prácticas que se llevan a cabo en países como Colombia, por ejemplo, es el empleo de civiles para el desminado, como si fuera un trabajo más a cambio de una remuneración. Esto resulta una locura si pensamos en que ya resulta extremadamente peligroso para un zapador profesional. Por otro lado, la basura armamentística tiene también muchas repercusiones medioambientales a través de la contaminación del suelo, el agua… como pasa por ejemplo con las municiones de uranio empobrecido. No obstante, José reconoce que las minas pueden ser utilizadas en ciertas situaciones para mejorar la situación de seguridad en ciertos contextos, siempre y cuando estén bien indicadas las zonas minadas y que haya algún sistema de registro geográfico. Pero lo que resulta difícil es detectar aquellas que fueron puestas por gente anónima que puede ya haber muerto o localizar los artefactos caseros que no son metálicos y son tremendamente difíciles de detectar.
En el Landmine Monitor 2012, se reconocen debilidades legales en la atención a victimas, a pesar de que la legislación nacional e internacional sobre el tema es enorme. Sin embargo, es difícil de hacerla cumplir. La presión de la opinión pública, las campañas internacionales, trabajos técnicos como el de los hermanos afganos Mahmoud y Massoud Hassani o los trabajos de periodistas como Gervasio Sánchez (Vidas Minadas) siguen en ese camino de lucha por la visibilización, el cambio y el fin de las políticas armamentísticas de gobiernos canallas como el español.
Presentación de la conferencia
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